Acción colectiva para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, el caso de Nuevo León en México

Contribuir a la reflexión sobre la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) sin cuidados parentales, que habitan en Centros de Asistencia Social (CAS) en México, es uno de los objetivos primordiales de esta investigación. La protección al huérfano y/o al niño abandonado ha sido una de las formas más clásicas de beneficencia en todos los tiempos (Pereira, 2006). La infancia y adolescencia institucionalizada (IAI), son personas menores de dieciocho años que se encuentran internos en una institución en calidad de abandonados, expósitos, repatriados, maltratados o migrantes, en razón de la guarda temporal otorgada voluntariamente por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o por
mandato de autoridad administrativa o judicial. Actualmente, con fundamentos legales a nivel internacional, nacional y estatal, se realizan acciones que tienden al abordaje integral de la problemática de esta población.
Estas tareas institucionales se mueven con elementos combinados de caridad, derechos humanos, asistencia y principios de justicia social. Y cuando se contactan estas diferentes racionalidades presentes dentro de los Centros de Asistencia Social (CAS) y el Estado, es cuando surgen los conflictos. Esta es la situación que se presentó en Nuevo León, después de que se publicó el 5 de julio del 2011, una Ley para regular a las instituciones de guarda y custodia en esta ciudad. Esto sucedió tres años antes de que se publicara la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en México, en donde obliga a regular a cada Entidad Federativa a este tipo de instituciones.
El objetivo general de este trabajo es responder a la pregunta de investigación,
¿cómo es el comportamiento colectivo de los Centros de Asistencia Social (CAS) como respuesta a la tensión y desequilibrio causado por la implementación de una Ley Estatal que por primera vez en la historia, comenzó a regularlas a partir del 2011, a nivel local? es decir, ¿cómo se empezaron a relacionar y cómo se transformó su capital social para cumplir con la nueva normativa?. Porque para seguir funcionando, los CAS necesitaban de una licencia de operación emitida por la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, que así se llamaba en el 2011 la instancia pública local con la atribución de garantizar la protección especial a NNA sin cuidados parentales.