Iniciativa de trabajo inclusivo y desarrollo sostenible.

Los retos que afronta el mercado de trabajo en México incluyen movilidad, desigualdades
de género, como un deficiente sistema de cuidados, exclusión de las mujeres en empleos
mejor pagados, e ingreso, impactos en la dinámica familiar, migración, informalidad y
precariedad laboral, trabajo infantil, baja sindicalización, así como la falta de cumplimiento
de normas de riesgos psicosociales y condiciones de empleo (Ejemplo: NOM-025,
NOM-035). Estos retos han encaminado el interés de analizar la interacción de los
diferentes agentes a los niveles público, privado, sindical, civil y educativo que permita
una búsqueda de propuestas de solución a la disminución de las brechas para lograr el
desarrollo sostenible de la entidad.

En particular, en la industria manufacturera —uno de los sectores productivos más
relevantes de la región— se observa un aumento en la participación femenina
acompañado de brechas salariales, discriminación, acoso y sobrecarga de trabajo. Estas
condiciones, junto con la falta de políticas de conciliación laboral y familiar y la ausencia
de diagnósticos con enfoque de género, incrementan la exposición de las trabajadoras a
riesgos psicosociales como el estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional.
Asimismo, la falta de movilidad laboral y las limitadas oportunidades de progreso
económico perpetúan ciclos de desigualdad y vulnerabilidad social, afectando a las
familias y reproduciendo patrones de exclusión que comienzan desde edades tempranas
a través del trabajo infantil.

Esta investigación se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente con:
a) ODS 3: Salud y bienestar, al contribuir a la prevención y reducción de factores que
afectan la salud mental y emocional de las personas trabajadoras.
b) ODS 5: Igualdad de género, al visibilizar y atender desigualdades estructurales en
el entorno laboral.
c) ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, al promover ambientes
laborales seguros, equitativos y sostenibles.
d) ODS 10: Reducción de las desigualdades, al generar evidencia que permita
diseñar políticas inclusivas.

Antecedentes:
El mercado laboral en México presenta desigualdades estructurales que limitan tanto la
movilidad social como la inclusión laboral. La brecha de participación entre hombres y
mujeres continúa siendo amplia: mientras la tasa de participación masculina alcanza el
76.9%, la femenina se sitúa en 48.4% en Nuevo León (INEGI, 2025). A nivel nacional, la
diferencia asciende a más del 30%, reflejando barreras persistentes en el acceso al
empleo formal, la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, y la disponibilidad de
transporte y servicios que faciliten la conciliación laboral y familiar (Ávila et al., 2020;
Escobedo et al., 2025; Rodríguez y García, 2021).

Estas desigualdades también se manifiestan en la segmentación ocupacional, la
precariedad y la informalidad, que restringen las oportunidades de desarrollo económico y
social, especialmente para las mujeres y los jóvenes. En este contexto, la movilidad social
en Nuevo León continúa condicionada por el nivel educativo y el estatus socioeconómico
de origen: el emparejamiento educativo selectivo entre padres y madres refuerza la
transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas, reduciendo las posibilidades de
movilidad ascendente (Suárez-Martínez y Sánchez, 2025).

Asimismo, el trabajo infantil persiste como una expresión de vulnerabilidad estructural y
social. La evidencia muestra que la inserción temprana al mercado laboral se relaciona
con condiciones económicas precarias y con factores psicosociales y conductuales, como
el consumo de alcohol entre adolescentes, afectando su salud, educación y bienestar a
largo plazo (Suárez-Martínez y Caamal-Olvera, 2021). Este fenómeno reproduce ciclos de
desigualdad y limita las perspectivas de desarrollo humano y productivo.
Por otra parte, los riesgos psicosociales laborales se han consolidado como una prioridad
mundial en materia de salud ocupacional, al reconocerse su impacto directo sobre el
bienestar y la productividad (OIT, 2022; OMS, 2021). En México, la Norma Oficial
Mexicana NOM-035-STPS-2018 representó un avance normativo importante, aunque su
implementación tiende a centrarse en el cumplimiento formal, sin incorporar de manera
sistemática la perspectiva de género. Esto ha llevado a que las experiencias y
consecuencias de los riesgos psicosociales —como estrés, violencia laboral, acoso o
sobrecarga de trabajo— permanezcan diferenciadas y desatendidas entre mujeres y
hombres (Moreno-Jiménez et al., 2017; Vega y Olivares, 2021; INMUJERES, 2023).
En la industria manufacturera de Nuevo León, que concentra el 8.5% del empleo
manufacturero nacional (INEGI, 2024), las trabajadoras enfrentan brechas salariales,
jornadas extensas y escasa representación en puestos directivos. Estas condiciones
incrementan la exposición al estrés, a la ansiedad y al burnout, especialmente entre
mujeres jóvenes y madres trabajadoras, según reportes de la STPS y el Consejo de
Nuevo León (2024).

Estas evidencias revelan la interrelación entre desigualdades de origen, condiciones
laborales adversas y vulnerabilidades psicosociales, que limitan la movilidad social, la
salud mental y la equidad de género. Por ello, el análisis de las dinámicas del mercado
laboral desde una perspectiva integral —que articule movilidad, género, salud
ocupacional, migración y trabajo infantil— resulta esencial para diseñar políticas públicas
y estrategias organizacionales que promuevan un trabajo inclusivo y un desarrollo
sostenible en la región.

Trabajo decente, precariedad, participación laboral por género, movilidad social,
desigualdad.