Abstract
Since 2011, the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights by States has been measured particularly through the development and adoption of National Action Plans. This approach, focused on the use of public policy as a tool for the domestic application of international law, requires a thorough examination, due to the primordial focus on non-binding measures that aim to coordinate the efforts of public administration (as opposed to legislation, regulation and judicial interpretation). Thus, this article analyzes the effectiveness of public policies on business and human rights as tools to give effect to international law in the domestic sphere.
| Translated title of the contribution | National action plans on business & human rights: On the domestic instrumentalization of international law |
|---|---|
| Original language | Spanish |
| Pages (from-to) | 113-144 |
| Number of pages | 32 |
| Journal | Anuario Mexicano de Derecho Internacional |
| Volume | 17 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1 Jan 2017 |
| Externally published | Yes |
Bibliographical note
Funding Information:nacional no fue parte de la agenda formalmente sino hasta 2016, al solicitar en el marco de una resolución40 que la Secretaría General, la Comisión In-teramericana de Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva para el Desa-rrollo Integral colaboren en el marco de sus atribuciones para el desarrollo de estándares en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, inclu-yendo inter alia a través del desarrollo de planes de acción nacional como una forma de implementar los Principios Rectores.41
Funding Information:
Lo mismo sucede en los ámbitos regional6 y nacional, en donde se discuten tanto la elaboración de políticas públicas en la materia —como se verá en este artículo—, como legislación para regular el comportamiento em-presarial.7Aún más, el cambio de paradigma que significan los Principios Rectores ha generado un fuerte impacto en otros ámbitos y organizaciones internacionales, como en la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos8 y en la Organización Internacional del Trabajo.9
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10 Hay numerosos ejemplos de lo anterior: desde la primera iniciativa que surgió a media-dos de la primera década del 2000 (Business Leaders Initiative on Human Rights) para probar la efectividad de las Normas propuestas por la Subcomisión para la promoción y protección de los derechos humanos de la ONU, hasta las empresas que trabajaron con John Ruggie para probar en la práctica los elementos del segundo pilar de los Principios Rectores, sobre la res-ponsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos a través de la debida diligencia y las evaluaciones de impacto (como Cerrejón en Colombia, o Sakhalin Energy en Rusia), se ha podido observar un aumento en las prácticas empresariales orientadas hacia la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos. Por otra parte, algunas ONG, en conjunto con otros ac-tores, han comenzado igualmente a trabajar con, y exigir a, las empresas que respeten los de-rechos humanos, a través del uso de indicadores de evaluación (como es el caso del Corporate Human Rights Benchmark) o del desarrollo de metodologías uniformes para la presentación de
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