Abstract
El arbitraje como medio alterno para la solución de controversias ha tenido un fuerte impulso en México a raíz de su apertura comercial hacia los mercados internacionales, sin embargo, en el sector financiero no ha sido posible detonar el arbitraje como el mecanismo idóneo para solucionar controversias. De acuerdo a las cifras oficiales, en los últimos cinco años, sólo seis arbitrajes se han
realizado en este ámbito, lo que nos hizo cuestionarnos sobre las causas por las que las instituciones financieras se niegan a aceptar dicho procedimiento como una vía alternativa para la solución de controversias. Al analizar la legislación financiera mexicana, observamos varios temas relevantes que contribuyen
a la negativa en comento, los cuales consisten en lo siguiente: (i) la defensa de los usuarios de los productos y servicios que brindan las instituciones es la principal labor del organismo encargado de actuar como árbitro en las controversias financieras, lo que implica cierta resistencia natural de las
instituciones financieras a considerar imparcial su actuación; (ii) se asume Prima facie que la institución es la responsable de la controversia; y (iii) con relación al procedimiento regulado en la ley, existen dos tipos de procedimientos, pero las partes deben elegir uno de los dos, ya que no se permite combinar un formato con el otro. Concluimos que, en el arbitraje financiero, no es conveniente que una autoridad actúe como árbitro; y que los procedimientos arbitrales en la ley de la materia, limitan el ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y lesionan el principio de flexibilidad propio de este tipo de procedimientos. En virtud de lo anterior, consideramos que la legislación aplicable debe de ajustarse al estándar internacional contenido en el Código de Comercio mexicano para que las partes puedan pactar libremente, dentro de los parámetros del interés público, la forma en que habrán de resolver sus conflictos
realizado en este ámbito, lo que nos hizo cuestionarnos sobre las causas por las que las instituciones financieras se niegan a aceptar dicho procedimiento como una vía alternativa para la solución de controversias. Al analizar la legislación financiera mexicana, observamos varios temas relevantes que contribuyen
a la negativa en comento, los cuales consisten en lo siguiente: (i) la defensa de los usuarios de los productos y servicios que brindan las instituciones es la principal labor del organismo encargado de actuar como árbitro en las controversias financieras, lo que implica cierta resistencia natural de las
instituciones financieras a considerar imparcial su actuación; (ii) se asume Prima facie que la institución es la responsable de la controversia; y (iii) con relación al procedimiento regulado en la ley, existen dos tipos de procedimientos, pero las partes deben elegir uno de los dos, ya que no se permite combinar un formato con el otro. Concluimos que, en el arbitraje financiero, no es conveniente que una autoridad actúe como árbitro; y que los procedimientos arbitrales en la ley de la materia, limitan el ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y lesionan el principio de flexibilidad propio de este tipo de procedimientos. En virtud de lo anterior, consideramos que la legislación aplicable debe de ajustarse al estándar internacional contenido en el Código de Comercio mexicano para que las partes puedan pactar libremente, dentro de los parámetros del interés público, la forma en que habrán de resolver sus conflictos
| Original language | Spanish |
|---|---|
| Number of pages | 25 |
| Journal | Díke Revista de investigación en derecho, criminología y consultoría jurídica |
| Volume | 26 |
| Publication status | Accepted/In press - 2019 |
Bibliographical note
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